El Presidente le envió una dura carta a la gobernadora Arabela Carreras después de que su ministro del Interior rechazara su “exigencia” de refuerzo de tropas federales.

El presidente Alberto Fernández le respondió a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, con una dura carta que se hizo pública por exigir al Gobierno nacional el refuerzo con fuerzas federales para enfrentar la violencia de grupos mapuches en su provincia.

El primer mandatario afirmó que “no es función del Gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región”.

En la misiva aseguró también que “es la propia Ley 24.059 de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñadas en el restablecimiento de la seguridad interior”.

Pese a esto, señaló que como su Gobierno “sostiene como esencia del desarrollo político una excelente relación con los gobiernos provinciales”, había decidido, a través del ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández, “asistir en esta ocasión a la provincia” con efectivos de Gendarmería “que patrullarán la zona en cuestión”.

Pero le recomendó como “aconsejable” que, “en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.

“Está equivocada, señora”. Por su parte, el ministro de Seguridad había salido más temprano este jueves a responder el reclamo de la mandataria provincial: “No señora, está equivocada, no es nuestra obligación [enviar fuerzas federales]”, lanzó.

“Es cuestión de leer la ley de Seguridad Interior y se dará cuenta [de] que la participación de las fuerzas federales en la provincia solo está habilitada por la ley cuando hay complicaciones respecto a restituir la institucionalidad”, explicó. Y sostuvo que la norma no se debe aplicar “en el caso que dice la gobernadora, de más controles o seguridad en las calles”.

El funcionario nacional consideró que carreras cuenta con una fuerza policial en la que podría crear “un cuerpo específicamente dedicado a actuar en el caso de mapuches”. E insistió: “No puede exigir nada, porque no tiene ninguna atribución”.

“La ley de seguridad interior es muy gráfica y muy clara. La responsabilidad es de quien tiene la jurisdicción. No hay vocación de no ayudar ni mucho menos, pero tampoco es cierto que tengamos la obligación”.

Frenar la violencia. El miércoles, tras un nuevo ataque atribuido por Carreras a grupos radicales mapuches —en este caso contra un tradicional club en la localidad rionegrina de El Bolsón— , la gobernadora le reclamó al Ejecutivo nacional que enviara fuerzas federales a su provincia.

“Acá estamos exigiendo que cada jurisdicción actúe en el ámbito de su competencia. Es lo que corresponde. No estoy pidiendo un favor; estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde, nada más”, dijo Carreras en declaraciones radiales.

El feroz incendio ocurrido en el club Andino Piltriquitrón fue el tercer ataque sufrido en la provincia durante el último mes por parte de grupos mapuches.

A principios de mes, el fuego destruyó parte del nuevo centro de informes turísticos de El Bolsón y el intendente denunció que se trató de un hecho intencional. Al día siguiente, otro incendio se registró en instalaciones de Vialidad Rionegrina, en Bariloche, donde además agredieron y maniataron a una familia.

Los incendios de propiedades privadas o públicas en el Sur de Chile, por grupos de mapuches radicalizados, es una constante en la última década, con un saldo de decenas de muertos y heridos, y de encausados por ese motivo.

El presidente Sebastián Piñera dictó la semana pasada el Estado de Excepción Constitucional por Emergencia durante quince días en las provincias de Biobío y Arauco, de la Región del Biobío; y en las de Malleco y Cautín, en la de La Araucanía, tras las protestas de comuneros mapuches durante las manifestaciones por otro aniversario de la llegada de los españoles a América, en 1492.

El mandatario explicó que su decisión se debía a los “graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado” en el sur de Chile durante las últimas semanas, con lo que agregó imputaciones y calificaciones penales graves a la protesta mapuche.