La trampa de la falsa antinomia

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Que no se quiebre. Luego de que, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis.

Los estados de excepción pueden tomar diversas formas pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo; 2) la restricción de libertades individuales.

La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis-, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas.

Mas allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz.

Las voces globales debaten hasta qué punto la democracia -cuya calidad venía en disminución desde hace más de una década- puede soportar tamañas concesiones sin quebrarse. Se observa una suerte de “recesión” democrática.

Peligro en el alargue. En América Latina todo es peor. Con tan sólo 8% de la población mundial, da cuenta de alrededor del 30% de los fallecidos por Covid a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades” como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción -que por propia definición deben ser transitorios- amenazan con extenderse en el tiempo.

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado (decreto 260/2020) y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021 (decreto 167/2021).

La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha -con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el Covid-19 completada- permite suponer que el  Poder Ejecutivo intentará extender el estado de excepción más allá de los plazos establecidos.

Aún cuando la pandemia finalmente esté relativamente bajo control, es decir cuando hayamos alcanzado la hoy lejana “inmunidad de rebaño” con al menos 70% de la población vacunada, las secuelas socioeconómicas que ya estamos padeciendo se profundizarán.

Estas demoras en la salida de la crisis -la sanitaria, primero, y la socioeconómica, durante y después- nos colocan frente al riesgo de propiciar un alargue peligroso de la emergencia pública.

* El autor es uno de los seis auditores generales de la Nación, en su caso por la oposición

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