Este tipo de convenios se firman cuando se negocia la posibilidad de un arreglo extrajudicial.

En el marco del juicio entre Argentina y los fondos Burford y Eton por la expropiación de YPF, ambas partes acordaron confidencialidad total de las pruebas del caso, que solamente podrán ser vistas por la jueza Loretta Preska de la corte del distrito Sur de Nueva York, donde se desarrolla el proceso.

El fondo Burford busca cobrar más de US$ 2.500 millones por presuntos errores en la estatización del 51% de la compañía, mientras que Argentina se niega a pagarlos. 

Con el acuerdo alcanzado, ningún documento se hará público, a menos que que la otra parte lo avale. Este tipo de convenios se firman cuando se está negociando la posibilidad de un arreglo extrajudicial. Este nuevo paso ocurre después de que la justicia argentina ya le tomara testimonio a la familia Eskenazi. 

El juicio en cuestión lo lleva adelante el fondo Burford porque adquirió el derecho de litigio de las empresas del Grupo Petersen de la familia Eskenazi, accionista minoritario de YPF al momento de la expropiación.

Los demandantes contra YPF reclaman una indemnización por los daños económicos que el pago a los españoles de Repsol, dueño del 51 por ciento de las acciones de la empresa en ese momento, le provocaron al resto de los accionistas luego de la nacionalización de 2012. 

Se acusa a la Argentina por no ampliar la oferta a Repsol a los otros accionistas privados de la petrolera. En particular, las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora (del Grupo Petersen de los Eskenazi), dueñas del 25 por ciento del paquete accionario, que se manifestaron damnificadas por esta compra hostil y quebraron luego de la estatización.