La denuncia contra los Moyano quedó en el juzgado de Torres

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Es por \”coacción agravada\”, \”interrupción de las comunicaciones\” y \”entorpecimiento de los servicios públicos\”. El ministro Randazzo la ratificó en persona.

El juez federal Sergio Torres se hizo cargo hoy (jueves 21) de la denuncia del Gobierno Nacional contra el secretario general de la CGT Hugo Moyano y su hijo Pablo por \”amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de los servicios públicos\”, delitos que prevén hasta 10 años de prisión.

El texto fue entregado a primera hora ante la oficina de sorteos de la Cámara Federal, donde quedó designado el juzgado federal 9, que está vacante desde hace años y subroga ahora Torres.

De inmediato y sin esperar la repartija habitual de causas sorteadas en el día -que se hace a las 13.30- desde el juzgado mandaron a pedir la denuncia apenas vieron en el sistema informático que el sorteado era Torres.

Fuentes del caso dijeron a \”gacetamercantil.com\” que se le dará curso a cualquier causa penal y vista al fiscal Gerardo Di Masi para que dictamine si corresponde o no impulsarla y eventualmente sugiera medidas.

La denuncia está firmada por el Ministro del Interior Florencio Randazzo con el patrocinio de la Procuracion del Tesoro de la Nacion.

El propio ministro y la procuradora del Tesoro Angelina Abbona llegaron en persona al mediodía a Comodoro Py 2002 para ratificar la denuncia, con lo cual el juez Torres quedó en condiciones de dar vista a la fiscalía para que dictamine si corresponde o no impulsar la causa penal.

Los dos funcionarios llegaron hasta el juzgado federal 9 para ratificar la denuncia por secretaría bajo los cargos de \”amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de los servicios púb licos\” contra los Moyano y la conducción de su gremio.

Paralelamente, el juez federal Julián Ercolini quedó a cargo, también por sorteo, de una denuncia radicada por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, contra el presidente de Fadeeac, la cámara de empresas que agrupa al transprote de cargas, por el artículo 194 del Código Penal que pena al que \”sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años\”.

El funcionario entendió que se trataría de una violación a la ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera.

 

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