La justicia laboral trabó un embargo por 40 millones de pesos a LATAM

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Lo determinó ante el incumplimiento en el aporte que la empresa debía realizar por el Convenio Colectivo de Trabajo a uno de los sindicatos aeronáuticos.

La Justicia laboral trabó un embargo por 40 millones de pesos a la compañía aérea chileno-brasileña LATAM por el incumplimiento en el aporte que debía realizar por el convenio colectivo de trabajo (CCT) a uno de los sindicatos aeronáuticos.

Luego de que la empresa anunciara su determinación de cesar sus operaciones en el país por el parate económico a causa de la pandemia, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) radicó una denuncia porque desde hacía varios meses la compañía no realizaba el aporte a la entidad sindical establecido dentro del CCT.

A raíz del reclamo del gremio de pilotos, el juzgado 33 a cargo de Marina Pisacco resolvió el embargo preventivo sobre una cuenta que tiene la compañía en un banco privado con el objetivo de obtener los recursos impagos por el incumplimiento.

“Así como previamente el Ministerio de Trabajo intimó el pago de los salarios adeudados, y luego rechazo el Procedimiento Preventivo de Crisis ilegalmente presentado, ahora es la Justicia la que le señala a LAN que debe cumplir con sus obligaciones”, informó APLA en un comunicado.

Desde el inicio de la cuarentena, la empresa había decidido reducir el 50% del salario de los trabajadores y luego dispuso un retiro voluntario que tomaron al menos 800 de sus empleados. También había solicitado la apertura del procedimiento preventivo de crisis (PPC).

Los gremios aeronáuticos habían reclamado que se rechazara el PPC, que se obligara a la compañía a abonar el proporcional salarial desde abril –a partir de ese mes pagó el 50% de los sueldos- y que se normalizase la Federación que los nuclea (FAPA) con el propósito de contar con una herramienta más sólida para hacer frente al conflicto.

Además la semana pasada el Gobierno rechazó la apertura del procedimiento preventivo de crisis con el que la línea aérea planeaba despedir con indemnizaciones reducidas a sus 1.715 trabajadores, y puso como argumento la vigencia del decreto que prohíbe las cesantías hasta el 31 de julio.

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, que encabeza Gabriela Marcelló, negó la apertura del PPC.

El fundamento pasó por la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 329/2020 que estableció la prohibición de despidos y suspensiones unilaterales en el contexto de la pandemia.

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