Debe 8.000 millones de pesos de capital pero la AFIP aún no cobró los 2.000 millones por el remate de su refinería.

Cristóbal López, el empresario emblemático del kirchnerismo, enfrenta desde este jueves, por primera vez, un juicio por corrupción junto a su socio, Fabián De Sousa -ambos presos-, y el ex titular de la AFIP durante el gobierno kirchnerista, Ricardo Echegaray.

Tras un cuarto intermedio tras dos horas de audiencia, a las 14:15 se reanudará la primera jornada del juicio por multimillonaria deuda que la firma Oil Combustibles generó con el fisco, por un capital superior a los 8.000 millones de pesos.

Pero a pesar de que ya comenzaron las audiencias, el organismo recaudador aún no cobró los 2.000 millones de pesos producto de la quiebra de la petrolera y el remate de su refinería.

Paralelamente, se inició además una pericia para determinar cuánto de le reclamará a los dueños del exGrupo Indalo en la demanda civil.

Con una lista de 50 testigos entre los que se encuentra el actual director de la AFIP, Leandro Cuccioli; y sus antecesores Alberto Abad y Claudio Moroni, se inició este jueves el juicio contra López y De Sousa.

El juicio podría durar poco más de ocho meses, según se estima, y en la causa que instruyó el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita los tres imputados están acusados de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber cometido perjuicio contra el Estado.

El juzgado investigó el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago -especiales y generales- que “habrían sido concedidos por el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray, actividad en la que habrían actuado mancomunadamente diferentes funcionarios de ese organismo, en forma coordinada y funcional”.

Se trata del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) que debía tributar Oil Combustibles SA (OCSA) ante la AFIP. Se analizaron los períodos comprendidos entre mayo de 2013 a agosto de 2015.

En esta investigación la AFIP es denunciante y única querella. Entonces, transita una doble vía de reclamo: la demanda civil que se sustanciará junto al juicio en el fuero penal y el reclamo como principal acreedor de Oil Combustibles en la quiebra de la compañía que lleva adelante el juez Javier Cosentino.

Como resultado de la quiebra decretada, el organismo que conduce Cuccioli, esperaba cobrar en febrero 2.000 millones de pesos. La cifra la determinó el magistrado en lo Civil y Comercial al dictaminar la quiebra de la petrolera que usó el empresario K para no pagar el impuesto y financiar con ese dinero al Grupo Indalo, según determinó la Justicia.

En la quiebra de Oil se vendieron los activos industriales (Refinería San Lorenzo, estación fluvial, estación de almacenamiento y red de estaciones de servicio) por 85 millones de dólares.

Fue YPF la empresa que quedó mejor merituada para adquirir el paquete accionario y desde el 2 de octubre pasado se quedó con la empresa de López por esa compra.

En sociedad con la argentina Dapsa, YPF se hizo cargo de Oil y en febrero se esperaba que se acredite a favor del Estado el pago del dinero de la operación, lo que no ocurrió aún por problemas burocráticos.

Los $ 2.000 millones que percibirá la AFIP es sólo la primera parte de lo que tiene previsto recuperar el Estado “por medio de la aceleración el proceso de quiebra pedido sobre Inversora IMS, compañía madre de Alcalis de la Patagonia y La Salamandra, entre otras”, explicaron fuentes judiciales.

Este dinero vuelve al Estado, a la cuenta específica del impuesto evadido por López y De Sousa, en este caso en concepto del ITC. Si bien es una suma inferior en relación a la deuda generada por los dueños del Grupo Indalo, desde AFIP entienden que no deja de ser importante “recuperar parte del dinero que fue parte de un entramado de corrupción”.

Por la vía del fuero penal donde este jueves iniciará el juicio a cargo del Tribunal oral Federal 3, la AFIP reclamará un resarcimiento dentro de una demanda civil donde acusaron a López, De Sousa y a Echegaray de ser socialmente responsables de un multimillonario perjuicio al Estado.

La cifra podría superar los 17.000 millones de pesos -el embargo trabado a cada uno de los acusados-, según el cálculo del daño ocasionado con la maniobra investigada, pero para determinar en cuánto deben resarcir al Estado la AFIP inició un peritaje.