Argentina debe pagar 320 M de dólares por privatización de Aerolíneas en 2008

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El Estado perdió el juicio en el CIADI por la expropiación a la española Marsans, que quebró luego de manera fraudulenta. 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de la Argentina por la expropiación de Aerolíneas, decidida por Cristina Kirchner en 2008, y ordenó al Estado a pagar 320,7 millones de dólares, más las costas legales.

El fallo había sido emitido por el CIADI en 2017 pero no estaba firme debido a un pedido de anulación realizado por el Gobierno de Mauricio Macri que finalmente fue rechazado. 

En su momento, Macri dijo que a esta situación se llegó por “la inmensa torpeza y arrogancia que el Gobierno anterior tuvo con Aerolíneas”.

Al momento de la expropiación, la empresa pertenecía al grupo español Marsans, pero el juicio fue comprado por tres empresas que se quedaron con su representación (Teinver, Transportes de Cercanías y Urbanos del Sur). Marsans quebró de manera fraudulenta en 2014.

El 18 de julio de 2008, al día siguiente del voto no positivo del vicepresidente Julio Cobos por la resolución 225, Cristina Kirchner anunció la nacionalización de la compañía.

Este miércoles, fuentes oficiales informaron que “la solicitud de anulación de Argentina fue rechazada, por lo que deberá pagar la totalidad de los costos del procedimiento y a las demandantes la suma de US$ 1.017.512 en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas”.

Agregaron que el país “había intentado anular el laudo que ya había sido dictado por el CIADI en 2017 y por el cual debía pagar US$ 320,7 millones por la expropiación de Aerolíneas” con el argumento de que “el tribunal se había extralimitado en sus facultades, que había habido un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento y que no se expresaron en el laudo los motivos en que se funda”.

El Estado tomó el control de la empresa y colocó primero como presidente a Julio Alak y, después, a Mariano Recalde. Finalmente el CIADI ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que de lo que estableció aquel Tribunal de Tasaciones.

Poco después de las audiencias en Washington, en marzo de 2014, la defensa de Argentina, comandada por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunció a Marsans por vender el reclamo en el CIADI a un fondo llamado Burford Capital, el mismo que litiga en el caso contra YPF.

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