Detuvieron a siete policías por las cuatro muertes en San Miguel del Monte

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En total, 12 efectivos ya fueron separados de la fuerza. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó que uno de los jóvenes muertos en la persecución policial tiene un orificio de bala compatible con balas de la Bonaerense.

Siete policías fueron detenidos hoy y otros dos tienen pedido de captura como consecuencia de la muerte de cuatro jóvenes el lunes último durante una persecución policial en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte.

Dos de los efectivos detenidos son el capitán Rubén Alberto García y el oficial Leonardo Daniel Ecilape, que iban en el patrullero que persiguió el Fiat de las víctimas.

Los otros policías implicados son el oficial subinspector José Alfredo Domínguez, el oficial sub ayudante Mariano Ibáñez, el oficial sub ayudante Cristian Righero y los oficiales Juan Gutiérrez y Manuel Monreal.

 

Más temprano, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, había anunciado que había separado de la fuerza a un total de doce policías, entre ellos el superintendente de Seguridad Regional Capital y la cúpula de la Jefatura Departamental de San Vicente, por el hecho que conmociona al país.

Los primeros tres policías separados por la Auditoría General de Asuntos Internos habían sido el subcomisario Julio Franco Micucci, Rubén Alberto García y Leonardo Daniel Ecilape.

Ritondo informó que el proyectil que impactó en uno de los cuatro jóvenes muertos en San Miguel del Monte “es compatible con una pistola calibre nueve milímetros” lo que “significa que a ‘prima facie’ hubo bala por parte de la policía”.

Anteriormente, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, en diálogo con radio La Red, al ser consultado sobre si los policías tiraron con sus armas, respondió: “Sí, dispararon hacia el vehículo, que se está periciando nuevamente para ver si se encuentra el orificio. El vehículo está destrozado pero están tratando de ver si encuentran un orificio, aparentemente han encontrado uno”.

En el marco de la investigación, desde el entorno de las víctimas afirmaron que uno de los policías involucrados efectuó disparos durante la persecución y eso hizo que los adolescentes pretendieran escapar, pero la versión fue desmentida por los efectivos, ante lo cual, la Justicia dispuso el secuestro de las armas para que sean cotejadas por peritos de la Gendarmería Nacional.

El hecho. Según las fuentes, todo comenzó cerca de la 1 del lunes último, cuando cinco jóvenes a bordo de un Fiat Spazio gris chocaron contra un acoplado estacionado al costado de la ruta nacional 3, a la altura de San Miguel del Monte, unos 115 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Como consecuencia del impacto, murieron cuatro de los ocupantes, identificados por la Policía como Carlos Aníbal Suárez (22); Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13), mientras que una adolescente de 13 años sufrió graves lesiones y quedó internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Tras el hecho, familiares y vecinos de Monte responsabilizaron por el accidente a la policía, y realizaron una protesta, con cortes de calles en los que se registraron algunos incidentes contra efectivos de la comisaría local.

Durante esa manifestación, la agente Noemí Esther Baigorria recibió un golpe en la cabeza, por lo que fue trasladada a clínica porteña Fitz Roy, en la que fue intervenida por una fractura de cráneo y permanece internada en grave estado.

La investigación judicial se encuentra a cargo del fiscal Lisandro Damonte, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Cañuelas, quien, entre otras medidas, dispuso el análisis de las cámaras de seguridad.

En una secuencia de imágenes que se conoció se alcanza a ver a uno de los efectivos que saca el tronco superior de su cuerpo por la ventanilla de la camioneta policial que perseguía el Fiat Spazio de las víctimas y que en sus manos portaba un elemento que no se llega a distinguir.

Por su parte, la intendenta de Monte, Sandra Mayol, dijo que acompañará el reclamo de justicia de las familias de las víctimas y que si los policías actuaron mal “la van a tener que pagar”.

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