El exsecretario de Hacienda de Santa Cruz amplió su declaración ante el juez como “arrepentido”.

El exministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, uno de los tantos “arrepetindos” en la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción”, consiguió hoy la excarcelación bajo caución juratoria por parte del juez federal Claudio Bonadio.

De esta manera, el exfuncionario cercano al expresidente Néstor Kirchner será liberado bajo la promesa de presentarse en la causa cada vez que sea requerido luego de haber extendido su declaración bajo la figura de “imputado colaborador”.

Campillo fue aceptado como “arrepentido” por el juez Bonadio el 19 de enero pasado, pero en aquel momento no lo fue lo suficiente como para que lo libere porque esperaba mucho más de él. Seguramente, en su extensión de la declaración, Campillo habrá entregado información que acerque al magistrado a su objetivo: la “lista Clarens”.

Bonadio piensa completar un “mapa” de la operatoria en un períodos de quince años, desde el comienzo hasta pasado el fin de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, con el armado del financista Ernesto Clarens.

En la “lista Clarens” no habrá sorpresas. Lo único que sorprende es que no se halla activado aún la “pata financiera” de la “ruta del dinero K”, algo reclamado desde distintos sectores y que está relacionado con el papel esencial que cumplió Jorge Brito, “el banquero de Néstor”, que zafó en el caso Ciccone hasta el punto de arrastrar la liberación de Amado Boudou.

En el juzgado de Bonadio aseguran que “para pescar un pez gordo” hay que tomar todas las precauciones del caso, porque está muy bien asesorado por un estudio experto -y caro-, y hay que llevarlo a una declaración en la que no tenga escapatoria. Puede ser. En antecedente de la causa por la privatización de la fábrica de billetes les daría la razón.

En su primera declaración, Campillo al único que comprometió fue a Isidro Bounine, exsecretario de Cristina Kirchner. Puntualmente, Campillo dijo que Bounine, le pagó 230.000 euros por un “asesoramiento de segunda opinión” sobre sociedades radicadas en Estados Unidos, cuando en 2016 se hicieron una serie de maniobras financieras para ocultar unos 70 millones de dólares en propiedades que habrían pertenecido a Daniel Muñoz, otro secretario privado de los Kirchner, ya fallecido.