Susana Patricia Guichandut señaló que nunca le informaron de los antecedentes penales que tenía el delincuente colombiano y además se desligó del caso del uruguayo.

La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62 de la Capital Federal, Susana Patricia Guichandut (68), cuestionada por el presidente Mauricio Macri tras la liberación de motochorros extranjeros con antecedentes penales, se defendió a través de un comunicado y responsabilizó a Migraciones y la Policía por no informarla de la situación de los delincuentes antes de disponer de su libertad.

Macri consideró hoy que es “indignante” la liberación del “motochorro con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país” por parte de la jueza porteña, quien en sólo 48 horas había dictado la liberación de dos extranjeros que habían delinquido bajo esa modalidad.

Más temprano, el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, había pedido la expulsión del país del motochorro que fue detenido en el barrio porteño de Boedo y liberado menos de un día después por la Justicia, y denunció la “impunidad” de la jueza que estuvo a cargo de la causa, al referirse a la misma magistrada que le otorgó una probation a otro delincuente colombiano.

Este jueves, Guichandut afirmó que “en las actuaciones constan los informes confeccionados por el Registro Nacional de Reincidencia y el suministrado por la Policía Federal Argentina, de los cuales no surgen la existencia de antecedentes penales ni procesos en trámite del extranjero Jair Jurado Mora”.

La jueza resaltó que la Dirección Nacional de Migraciones “tampoco informó a este tribunal sobre la existencia de causas penales de Jurado Mora en el exterior, ni hizo saber que el nombrado hubiese estado alcanzado por alguno de los impedimentos de ingreso y permanencia en el territorio nacional”.

Además, se desligó del caso del ladrón uruguayo, Antonio José Franco: “Resulta llamativo que también se atribuya a este Tribunal a mi cargo la intervención en una actuación penal que se le seguiría a dos ciudadanos, uno de ellos de nacionalidad uruguaya, apellidado Franco, en la que no tuve ni tengo intervención alguna”, manifestó Guichandut.

Por último, la magistrada resaltó que los jueces “no son legisladores, solo operadores del sistema”. “Contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional”, agregó.