Vox en España: El hilo perdido de la derecha

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El éxito de Vox en las elecciones autonómicas andaluzas ha suscitado un debate interesante sobre la naturaleza ideológica del partido que lidera Santiago Abascal. ¿Cómo puede ser que un partido al que una buena parte de la opinión pública ha catalogado desde fuerza de extrema derecha hasta partido fascista haya logrado 12 escaños en el parlamento andaluz? El problema radica en que cuando se trata de deslegitimar un partido por elevación se termina desdibujando la posibilidad misma de la crítica. Tal y como señalaba el diputado de Podemos Íñigo Errejón, “no hay 400.000 andaluces fascistas”. Tampoco, podría añadirse, hay 400.000 andaluces que expresen su voto como enemigos de la democracia, que es lo que significa “extrema derecha” frente a, por ejemplo, “derecha radical”.

Los análisis que han tratado de explicar el éxito de Vox subrayan tres factores. Primero, su capacidad para capitalizar un voto reactivo frente el independentismo catalán y la forma en la que el gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy aplicó el artículo 155. Segundo, la recepción positiva de su discurso contra la inmigración ilegal en algunas zonas de Andalucía. Y tercero, no menos importante, una actitud de respuesta frente a un clima cultural percibido como hostil para ciertas tradiciones. Sin embargo, no se ha hecho suficiente hincapié en la capacidad de Vox para abanderar un discurso contra el establishment.

Lo cierto es que obviar este elemento hace imposible entender la capacidad de Vox para movilizar a un electorado descontento ante el funcionamiento de la democracia y sus instituciones. Y se trata de un ingrediente básico de su discurso, dado que en el diagnóstico que Vox ofrece de la política española el origen de todos los males apunta hacia los partidos políticos: por la alegría con la que generan problemas artificiales ajenos a la sociedad o por la incapacidad manifiesta para poner solución a los más urgentes. Y esta idea inspira todo el discurso de Vox, a empezar por su manifiesto fundacional, en el que se afirma de forma tajante: “Un grupo reducido, cooptado y oligárquico de dirigentes de partido maneja a su arbitrio el Estado”.

Esta idea conecta a Vox con el diseño general del discurso de los partidos populistas europeos, para los cuales el principal problema es que la soberanía del pueblo ha sido secuestrada por una élite de partidos profesionales. Así la política se convierte, al mismo tiempo, en ejercicio nacionalista de restauración democrática y moral de la sociedad. Sin embargo, conviene poner el acento en que Vox no importa este discurso como una planta extraña a la política española. Al contrario, lo inscribe en una tradición de pensamiento propia de la derecha española.

Se trata de una tradición que en su versión más popular conecta con una posición escéptica ante los partidos políticos por considerarlos una oligarquía auto referencial. Pero que en su versión más sofisticada entronca con la crítica al “Estado de partidos” o “Partitocracia”, siguiendo la expresión de Fernández de la Mora, entendido como forma degenerada de la democracia liberal. Una posición teórica que en la Transición dio voz a la crítica de la Constitución desde algunos sectores del mundo conservador aglutinados en Alianza Popular. Pero cuya genealogía puede explorarse hasta el regeneracionismo español y su crítica de los grandes partidos, a cuya expresión no fue inmune la derecha de principios del siglo XX.

Esta tradición, orillada por minoritaria en la Transición, aflora con Vox en un contexto propicio para el despliegue de sus argumentos: justamente cuando la idea de la alianza con los nacionalismos periféricos como motor de la democracia española ha entrado en crisis. Sin embargo, como ocurre con todo proyecto que promete una reforma política y moral en sentido radical, Vox se enfrenta a la necesidad de gestionar con responsabilidad tanto el malestar ciudadano que moviliza como las expectativas de cambio que genera. Porque el mismo diagnóstico contra los partidos políticos y las instituciones de la democracia española que puede servir para avanzar electoralmente, también puede terminar, paradójicamente, deslegitimando el mismo sistema del que se pretende formar parte.

* Columna publicada originalmente en elmundo.es

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