La empresa acudirá a la secretaría de Trabajo para presentar un Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa.
El Directorio de Canal 9 les informó a los empleados de la señal televisiva que no podrá pagar los sueldos en tiempo y forma y que acudirá a la secretaría de Trabajo para presentar un Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa.
El comunicado que el directorio colgó en los pasillos del canal señala que están en una “situación económica-financiera crítica” que “hace imposible asumir los compromisos de pago de salarios”.
“La delicada situación que atraviesa desde hace algunos años la televisión abierta, sumada a la rigidez de los convenios colectivos y en muchas ocasiones la intransigencia de los sindicatos para la modificación y optimización de los recursos, han llevado a la compañía a esta situación crítica”, afirman las autoridades.
#TV > Canal 9 en crisis pic.twitter.com/GlILVbQVoe
— Real Time Rating 📈 (@RealTimeRating) 18 de octubre de 2018
El dueño de Canal 9 es el empresario mexicano Remigio Ángel González, alias “El fantasma”, es poco conocido fuera de su país, pero esta situación empezó a cambiar a finales del año pasado porque desde ese momento protagoniza un escándalo internacional y sus asociaciones con el lavado de dinero surgen por todas partes.
Este empresario esquivo -de ahí su apodo-, es dueño de canales de TV en Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina.
En el caso de nuestro país hay que hacer una salvedad: a mediados de 2015 le compró al grupo español Prisa la cadena de radios con cabecera en Continental, pero la ley no le permitía adquirir el paquete de control por ser mexicano, por lo que apareció un abogado argentino, Carlos Lorefice Lynch, como comprador.
El mismo letrado aparecía ante el ente regulador, el Afsca, como adquirente del 70 por ciento de las acciones de la empresa emisora de Canal 9 y de FM Aspen, entre 2009 y 2012.
Sí se sabe que a Daniel Hadad le compró el 9 a través de Televideo Services Inc., una compañía estadounidense, por lo que llama la atención que a esta altura, siendo esta información pública, las autoridades estadounidenses no hayan iniciado una investigación de oficio.