La caída en la cárcel de Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, es la última de una larga cadena de detenciones de dirigentes latinoamericanos relacionados con el dinero negro de la empresa brasileña.

La detención de la ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori ocurrida esta semana, en el marco de una investigación por lavado de activos durante la campaña electoral de 2011, trajo nuevamente sobre Latinoamérica la sombra de corrupción desparramada desde las oficinas de la empresa constructora brasileña Odebrecht, involucrada en varias caídad resonantes de dirigentes de distintos países de la región.

La orden de detención preliminar contra la hija del exmandatario peruano Alberto Fujimori -a quien hace dos semanas le anularon su indulto- también incluyó a los ex ministros fujimoristas Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y otras 17 personas vinculadas con las presuntas aportaciones económicas irregulares de Odebrecht.

Tanto el empresario brasileño Marcelo Odebrecht como su ex representante en Perú Jorge Barata han señalado a fiscales peruanos que la constructora dio aportes económicos a la campaña de Keiko, quien negó reiteradamente haber recibido ese dinero.

El caso es conocido como el caso “cócteles”, ya que el Partido Fuerza Popular recibía los ingresos de la campaña de 2011 en reuniones donde cobraban unos 300 dólares por persona a los asistentes, a quienes se les entregaban bocatas y bebidas con alcohol.

Según la investigación, Fuerza Popular tenía una contabilidad paralela a través de la que lavó más de un millón de dólares que recibió de Odebrecht, que los hizo pasar por aportes de asistentes “truchos” a esos “cócteles” de campaña.

El última eslabón de una larga cadena. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó que la detención de Keiko Fujimori, es “una responsabilidad exclusiva del sistema de administración de Justicia, absolutamente al margen del Ejecutivo”.

Justamente Vizcarra accedió a la presidencia como consecuencia de otra caída relacionada al caso Odebrecht.

En marzo de este año renunció el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynsi, que fue la salida de más alto nivel político envuelta en el escándalo de corrupción vinculado a Odebrecht en toda América Latina.

Kuczynski quedó salpicado en el lodo del caso Odebrecht cuando se reveló que había omitido informar que había tenido vínculos con la empresa brasileña antes de ser elegido como presidente peruano, el 28 de julio de 2016.

En un escalón previo a Kuczynski, quien había sido antes el funcionario de más alto rango en perder su cargo había sido el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, que el 6 de enero pasado fue reemplazado luego de que se declarara su ausencia definitiva, debido a que estuvo detenido durante más de 90 días por orden judicial dentro del proceso por asociación ilícita en el caso Odebrecht, que terminó con una condena en su contra de seis años de cárcel.

En Brasil, el país de origen de la firma que sobornó empresarios y funcionarios para conseguir contratos y ganar licitaciones, el derrotero de renuncias es más grande.

El primer condenado por la justicia brasileña fue el millonario y ex presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, con una condena a 19 años y cuatro meses de prisión, aunque luego consiguió una prisión domiciliaria.

En 2016, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, uno de los líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fue suspendido en su cargo cuando le dictaron la prisión preventiva, acusado de recibir sobornos por obras en la zona portuaria de Río de Janeiro.

El ex canciller del presidente brasileño Micher Temer, José Serra, había sido denunciado por recibir siete millones de dólares de Odebrecht, y a comienzos del 2017 renunció alegando “problemas de salud” mientras la Justicia sigue con su investigación.

La crisis del sistema político en Brasil ha llegado hasta las elecciones realizadas el domingo pasado, en las que emergió el ultraderechista Jair Bolsonaro, que obtuvo en la primera vuelta un 46% de los votos, muchos de los cuales son de personas que prefieren evitar escuchar las declaraciones xenófobas, homofóbicas y machistas del candidato para dejarse seducir por su postura anticorrupción.

Además de los casos más salientes, muchos dirigentes de diferentes niveles del Estado, a nivel nacional o regional, o líderes de partidos políticos, son investigados por la Justicia.

En Colombia cayó quien fuera viceministro de Transporte Gabriel García Morales, funcionario durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010). García Morales fue detenido tras ser acusado de recibir sobornos por parte de Odebrecht para favorecer a la constructora en la concesión para la construcción de la Ruta del Sol Sector 2.

En la Argentina, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, tuvo que afrontar un proceso de investigación luego de la denuncia del operador cambiario Leonardo Meirelles, que dijo haberle transferido 850 mil dólares, cifra que el funcionario niega. finalmente, fue sobreseído.