La sociedad absurda y sus tarifas

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El autor remarca que los servicios públicos son subsidiados en todo el mundo. Y afirma que la salida de la crisis -si existe- es de la mano de un Estado fuerte e inteligente, que controle a los privados y establezca tarifas justas y razonables.

Pocas veces nos atropelló de forma tan vertiginosa la realidad. La realidad política, económica y social padece de un paroxismo afiebrado que impide salir del estado de confusión general.

Es justamente esa confusión la que termina destrozando toda posibilidad de salida de la crisis. La democracia se reduce estúpidamente al mantenimiento de la duración de un mandato cuando es un sistema de gobierno por representación que prevé cualquier circunstancia y dispone la herramienta institucional para atenderla sin alterar el sistema político.

Todos sabemos que nuestra democracia es representativa. Se llega al gobierno por el voto popular y a partir de compromisos asumidos frente al votante, que define la legitimidad del ejercicio del gobierno. Nadie se cuestiona si la democracia lo sigue siendo, cuando ese compromiso se traiciona y se gobierna exactamente en el sentido contrario. ¿A quién representa esta “democracia”? El reduccionismo de sostener en el nombre de la democracia la duración de un mandato presidencial, subordina los intereses de la Nación a una cuestión meramente temporal.

El daño de la última dictadura cívico-militar es a todas luces irreversible: en lo económico, por la deuda externa; y en lo político, por el grado de descomposición al que llegó nuestra sociedad. Sin embargo, para la gestión macrista la fuente de todos los males se reduce a los últimos quince años y ese es nuestro pasado. La grieta es visceral y el problema es el peronismo. Los K son los responsables de todos nuestros males y los M, farabutes de la política religiosa, no alcanzan a explicar cómo es que persiste la pesada herencia después de la quita de millones de dólares en retenciones y la toma de más de 150.000 millones de dólares de deuda externa, parte de ella a pagar durante un siglo. La revolución de la alegría y del “sí se puede”.

En la cabeza de quién cabe la idea de que, colocando un broker de Wall Street en un despacho oficial, como fue el ministerio de Hacienda y ahora presidente del Banco Central, iba a cambiar de forma de pensar y de métodos. Luis Caputo solo cambió de escritorio y de respaldo financiero. El respaldo financiero es el nuestro y de allí los fondos de la Anses. Las metas son las mismas que en su anterior escritorio, la toma de ganancias de los especuladores privados. ¿La Patria?. Bien gracias.

Jamás van a entender, ninguno de estos CEO, el sentido y esencia de la función pública. Jamás lo va a entender el propio Mauricio Macri, que al decir de alguien a quien respetamos mucho, “ya de chiquito, allá en Tandil, para ir al jardín, iba de la mano de la nana y lo llevaba el chofer”…

Estamos ante un nuevo aumento en las tarifas de los servicios públicos. Desde los medios hegemónicos se los justifica y desde las hordas clasemedistas se los acepta como necesarios, habida cuenta de que los K los regalaban. Los primeros se hacen los idiotas y miran para el costado y los últimos ignoran que en todos los países que admiran los servicios públicos se subsidian.

Juan José Aranguren, ex presidente de Shell en Argentina, tendría que padecer de esquizofrenia para pensar diferente como ministro. Nunca dejó de pensar como el empresario que siempre fue y eso hasta suena razonable. El problema es que pocos, muy pocos saben acerca de los servicios públicos.

Existen varias definiciones de lo que es un servicio público. Cualquiera de ellas tiene en común algunas condiciones básicas para definirlos como tales. La prestación de un servicio público debe ser: universal, obligatoria, regular y continua.

Es una obviedad hacer una referencia a la universalidad o igualdad, es un derecho inalienable de las personas humanas acceder a esta prestación. Por ese mismo motivo es de prestación obligatoria, continua y regular. Estas condiciones explican el motivo por el que estos servicios deben ser prestados por el Estado o, a través de él, por delegación en terceros. Todos sabemos seguramente que por todo esto el Presupuesto nacional está conformado en más de un 50% por partidas destinadas a la prestación de los servicios públicos.

Es fundamental en el rol del Estado la prestación de los servicios públicos y por esto mismo, los Estados desarrollados los subsidian sin que ningún tilingo pacato los critique. Cuando un Estado subsidia el transporte, promueve la economía desde la integración nacional, el traslado de la fuerza de trabajo, el traslado de la producción y las comunicaciones. El transporte es un servicio público de interés nacional. De igual modo la energía, las comunicaciones, la alimentación, la red sanitaria y los combustibles.

Las tarifas deben ser justas y razonables. Hay procedimientos para garantizar esa justicia y razonabilidad que, naturalmente, ni siquiera figuran en la imaginación de quienes nos gobiernan actualmente. Los funcionarios actuales son los mismos empresarios que nos venden y entienden que el mantenimiento de sus ganancias es prioritario por sobre el cumplimiento de las condiciones que definen un servicio público. Por ese motivo y no por otro el famoso “sinceramiento” de las tarifas no tuvo más objeto que hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.

Unos pocos saben que hay fórmulas matemáticas y también discrecionales para calcular tarifas. En el caso de un servicio público concesionado, como son la mayoría de ellos después de las privatizaciones de Carlos Menem, debería utilizarse el sistema de “rate of return” (tasa de retorno). Este sistema implica conocer por un lado los costos de la empresa prestadora (estructura de costos) y por otro la renta razonable, que sería el requerimiento de rentabilidad de la empresa, una estimación con jurisprudencia variada. Este cálculo define una tarifa técnica, luego se establece la tarifa al usuario, que es el componente discrecional a determinar por la gestión de gobierno. La diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario es, en teoría, el valor del subsidio. La condición para definir la tarifa que pagará el usuario de un servicio público es que sea “justa y razonable”.

En la práctica, los organismos de control desconocen la estructura de costos real de las empresas. La tarifa técnica se determina sobre la base de una rentabilidad falseada y seguramente superior a la razonable y la disminución de los subsidios, lejos de hacer caer las ganancias de las empresas, las mantiene o incrementa. Solo que la carga ya no está en el Estado sino en el consumidor.

Esta referencia técnica aún insuficiente, alcanza para ubicarnos en una realidad incontrastable. Los opinólogos “economistas” instalados en los medios harían agua si se los apurara mínimamente con la exigencia de los fundamentos necesarios para definir la razonabilidad y justicia tarifaria de los imparables e injustificables aumentos tarifarios. No es fácil escuchar en estos medios alguien con dominio sobre el tema.

La realidad es que los tarifazos se suceden para proteger la ganancia de las empresas privadas por sobre la función social y esencial de los servicios públicos.

También es de considerar el costado “cultural” de una clase media media y alta que apoya estos aumentos como necesarios, críticos de los subsidios del Estado, afectos a tomar como consigna existencial la necesidad de bajar los gastos del mismo Estado y definitivamente ignorantes acerca de todo ello. Ignoran qué es un servicio público, ignoran el rol del Estado, ignoran cómo se debe calcular una tarifa de un servicio público y, por sobre todo, ignoran el significado de “justo y razonable”. Es más cómodo creerle a un CEO cuya fortuna proviene de generar y defender las ganancias empresarias, quien jamás podría ponerse en la piel de un funcionario público con consciencia del bien común y de la vocación de servicio, que reflexionar acerca de cómo transformamos una realidad adversa.

Denostar a los políticos es el recurso de quienes ni siquiera imaginan cómo se sostendría el Estado sin ellos. Entender el Estado como un tercero, sin el “nosotros”, es ignorar cómo se viviría en una sociedad sin garantías bajo la ley del más poderoso. Tenemos una clase media que en una importante proporción no acaba de asumirse como la sociedad del absurdo. Profundamente visceral e irracional, la grieta nos define desde un proceso simplista y binario.

La solución, si es que la hay, es que de esta crisis económica -para algunos de nosotros, terminal- se sale con política.

También es cierto que hay que achicar el déficit del Estado y encontrar y definir políticas transitorias, realmente transitorias que logren esa reducción del gasto público con algún criterio de equidad. Desde nuestro punto de vista es necesario terminar con algunos privilegios del empleo público como lo es la estabilidad laboral. Es necesario imponer en el propio Estado un sistema de premios y castigos con mayor transparencia. Premiar a quien trabaja y castigar a quien se abusa.

Por otro lado es necesario sincerar los subsidios a los servicios públicos y hacerlo desde una segmentación justa del ingreso y del patrimonio familiar. Hay que conservar los servicios públicos como tales para aquellas personas que posean hasta una vivienda unifamiliar y un ingreso del grupo familiar de hasta tres veces la canasta básica. Para quienes excedan estas condiciones, el servicio debe ser un acuerdo entre privados sin regulación estatal.

De este modo, el sector social que acompaña el sinceramiento que avala los tarifazos mantendría una coherencia encomiable con lo que manifiesta: el Estado achicaría drásticamente el gasto público y las cuentas se equilibrarían con un criterio de mayor justicia y equidad, subsidiando a quienes en realidad lo necesitan. Simultáneamente se estaría subsidiando al usuario y no a la empresa.

Esta segmentación es posible. La base de datos del Anses (Big Data) la permitiría si en realidad a quienes les cabe la responsabilidad de gestionar desde los ámbitos específicos del Ejecutivo se deciden a trabajar con la capacidad, seriedad y esfuerzo que corresponde.

Naturalmente, las empresas deberían presentar su verdadera estructura de costos, se las debería controlar con mayor eficiencia y habría que establecer similares condiciones con relación al costo tarifario de los servicios públicos para PyMEs e industrias a promover. La ausencia de control estatal es la principal fuente de corrupción. No hay cambio posible si la impunidad persiste, sean los bolsos de José López o las comisiones de la JPMorgan o el HSBC por la emisión de deuda, entre otros ejemplos, y más allá de una desproporción que salta a la vista entre ellos.

Para esto hay que recuperar la vocación por la función pública y el interés común y no dejar nunca más el rumbo del Estado en manos de economistas. Más política, menos privilegios, más vocación y más sacrificio.

La Patria es mucho más que un Excel.

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