Presentó un proyecto de blanqueo, otro de capacitaciones y un tercero de una agencia médica. Entraron por el Senado, donde Cambiemos es la primera minoría.

El Ejecutivo envió este viernes al Congreso tres capítulos de su controvertido proyecto de reforma laboral que no pasó en diciembre del año pasado en el Senado por la falta de un acuerdo con el peronismo y con el sector de la CGT que aún sigue al camionero Hugo Moyano.

El gobierno de Mauricio Macri quiere aprobar antes de que termine el primer semestre los puntos en los que hay consenso con los bloques legislativos y con los gremios aliados.

Por eso, en esta primera intentona avanzará con el blanqueo de trabajadores informales, las pasantías como capacitación laboral y la creación de una agencia de evaluación de tecnología médica.

El plan de blanqueo laboral prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores y el Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad. También se les reconocerán el escalafón y la antigüedad.

En el país hay actualmente 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no cuentan con obra social ni derechos laborales.

La segunda iniciativa de esta primera etapa será la denominada  capacitación laboral continua, que no únicamente abriría paso a las pasantías como modalidad de capacitación y no como un vínculo laboral sino que apuntaría a reconvertir oficios que están desapareciendo.

Este proyecto tiene 56 artículos y tendría el aval de un sector de la CGT, pero no es unánime como sí lo es el blanqueo.

El tercer proyecto es el de la agencia de tecnología médica cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales sindicales.

Es una propuesta elaborada con los equipos médicos de los gremios y que Macri se la prometió a los dirigentes sindicales durante su primer año de gestión, cuando acordaron el plan de Cobertura Universal de Salud, cuyo financiamiento, en parte, proviene de la caja de las prestadoras sindicales.

En el paquete de proyectos que presentó Federico Pinedo, el presidente provisional del Senado, no figuran las modificaciones laborales que generan más resistencia entre los sindicatos, como el cálculo de las indemnizaciones, la posible creación de un fondo de desempleo en algunos sectores y la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social, que ya fue incluida en la reforma tributaria sancionada al cierre de 2017.

En el ministerio de Trabajo a cargo de Jorge Triaca estiman que ese debate podría darse más adelante, y que ahora es necesario avanzar al menos con estos primeros temas.

No se descarta, sin embargo, incorporar una iniciativa más que está vinculada a la prevención de riesgos del trabajo, cuyo cambio más importante sería que permitirá incluir en los convenios colectivos el mejoramiento de las condiciones laborales en función de la actividad, más allá de la normativa general (ley de higiene y seguridad).

Tras la presentación de ayer de Pinedo en el Senado los cambios en la legislación laboral podrían tratarse en el recinto en junio, durante el Mundial de Fútbol.