Procuración nacional le da la razón a Farmacity en su disputa con la Provincia

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El Colegio de Farmacéuticos consiguió “vallar” el territorio durante ocho años contra la cadena de la que es socio el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

De manera coincidente, a horas de que el vicejefe de Gabinete Mario Quintana anunciara que piensa vender sus acciones en la cadena de farmacias y “drugstores” Farmacity, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen en el que considera inconstitucional la ley bonaerense que le prohíbe a esa cadena ser titular de farmacias en esa jurisdicción.

Tras un pleito de casi ocho años y que escaló hasta la Corte Suprema, la Procuración emitió este jueves un dictamen elaborado por la procuradora fiscal Laura Monti que no es vinculante pero sí es un antecedente de peso que deberá ser contemplado por la Corte Suprema para emitir su fallo.

En ese expediente ya se excusaron los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, por sus vínculos pasados con la empresa, que fue cliente de ambos.

Pero en una decisión reciente, el Máximo Tribunal le puso un freno a Farmacity cuando buscaba desembarcar en Mendoza.

El dictamen de la Procuración General, hoy conducida por el procurador interino Eduardo Casal, tiene fuertes repercusiones políticas porque cuestiona la decisión de la provincia de Buenos Aires de excluir a Farmacity de su territorio con el argumento de asegurar la preeminencia del derecho a la salud por sobre cualquier ánimo de lucro.

Quien decidió judicializar el conflicto, en 2010, fue el propio Quintana, quien por entonces era el CEO de la empresa.

En su última declaración jurada, presentada a mediados de 2017, Quintana declaraba casi 1 millón de pesos en acciones de la cadena, controlada por la familia Gorodischer, equivalente al 3% del paquete total.

Quintana reveló en el programa Odisea Argentina que tiene la intención de vender esa participación accionaria.

Cerca del funcionario señalaron al diario La Nación que no tiene comentarios para hacer sobre el fallo de la Procuración dado que “hoy Quintana no tiene injerencia en nada de la compañía y tampoco interviene en materia de salud”.

El funcionario dijo que fue fundador de Farmacity y presidente de ese directorio “durante mucho tiempo”, pero que está “en proceso de venta de mi participación de todo el negocio que tenía antes: ya salí de casi todos y espero antes de fin de año haber salido de Farmacity”.

En su escrito, Monti señaló que “la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley provincial 10.606 aparece indudablemente configurada, pues la provincia demandada al legislar sobre la propiedad o titularidad de los establecimientos farmacéuticos, avanzó indebidamente sobre un tema -la capacidad de las personas- cuya regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación”.

“Consideramos a este hecho como una instancia más del curso legal que conlleva este tipo de procesos. Este tipo de dictámenes no es vinculante y es la Corte Suprema de Justicia la que debe expedirse”, señalaron desde Farmacity al matutino.

Agregaron que la ley de la provincia “es violatoria de los derechos constitucionales de propiedad, a la igualdad y el derecho de comerciar y a ejercer una industria lícita”.

El conflicto de Farmacity con la provincia comenzó en 2010 cuando la empresa buscó abrir una sucursal en Pilar y el ministerio de Salud bonaerense le rechazó, tanto la solicitud genérica para operar dentro del ámbito provincial como la habilitación de aquel local.

La provincia se basó en el artículo 14 de la ley provincial 10.606 que, al enumerar las personas que pueden ser autorizadas a instalar farmacias, no incluye a las sociedades anónimas con el fin de mantener a la actividad como un servicio público.

La justicia en lo contencioso administrativo de La Plata rechazó la demanda de la empresa y sostuvo la postura del gobierno provincial alegando que la administración provincial posee atribuciones para regular y controlar la actividad farmacéutica, y contempló la preservación del ejercicio de la profesión de farmacéutico, quien tiene responsabilidad frente a terceros.

Más tarde, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires confirmó esa sentencia.

Farmacity impuso un recurso en queja ante la Corte Suprema de la Nación por considerar que la ley provincial es inconstitucional porque vulnera el régimen de la libre competencia previsto en la Carta Magna, lo que configura una colisión de derechos.

Como fiscal ante la Corte, Monti resolvió que “la regulación sobre la propiedad de los establecimientos farmacéuticos se vincula con la capacidad de las personas humanas y jurídicas para adquirir derechos y contraer obligaciones, cuestión que no queda comprendida en el derecho público local, sino que se trata de un elemento general del derecho y, por lo tanto, del resorte exclusivo del Congreso de la Nación, en virtud de lo dispuesto por la Constitución Nacional”.

Ahora deberán resolver los jueces de la Corte Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

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