La Administración Macri decidió avanzar judicialmente contra la ex Presidenta, pero parece que no previeron todas las consecuencias.

El juez federal Julián Ercolini determinó que Vialidad Nacional deberá pagar la tasa de justicia en el juicio civil que el organismo le inició a la ex presidenta Cristina Kirchner por 22.500 millones de pesos,

Esa tasa asciende al 3 por ciento de la suma demandada, lo que supone un costo para el erario público de 675 millones de pesos que el Estado deberá abonar si quiere continuar con el juicio adelante.

En el marco de un fallo del pasado 2 de marzo, Ercolini intimó a Vialidad Nacional a pagar ese monto en la causa que le sigue por presunta corrupción en la obra pública.
 
El Estado tiene solo cinco días para justificar excepciones o deberá pagar ese monto.

Si no lo hace, la situación puede ser peor porque Vialidad podría perder el juicio y, en caso de hacerlo, debería abonar entre un 12 y un 20 por ciento a los abogados defensores de la parte demandada, siempre sobre el monto total de 22.500 millones calculado como perjuicio por los abogados del interventor del organismo, Javier Iguacel.

En aquel fallo, el juez elevó a juicio la causa en la que CFK está procesada por asociación ilícita y fraude, acusada de haber favorecido ilegalmente a las empresas de Lázaro Báez, e intimó a VN a “integrar la tasa de justicia conforme lo estipulado en el artículo 11 de la ley 23.898”.

Allí el magistrado dispone que “las resoluciones que ordenaren el pago de la tasa judicial, deberán cumplirse dentro de los cinco días siguientes a la notificación, personal o por cédula”.

Según establece la ley, la tasa de justicia es un arancel que debe ser abonado “por el actor, por quien reconviniere o por quien promueva la actuación o requiera el servicio de justicia”.

Sin embargo, en caso de pedirlo, la parte demandante podría solicitar el beneficio de litigar sin gastos, acreditando previamente la incapacidad de pago, para que de esta forma estuviera garantizado el acceso a la justicia de todos los sectores sociales.

Según cuando se haya notificado el Estado, en las próximas horas o días se resolverá este espinoso tema. La pregunta que flota en el aire es: ¿Sabía Iguacel en donde se metía cuando inició la demanda civil?