Pidió investigar una contratación del ministerio de Modernización a la firma Labcom, propiedad de tres integrantes de la Administración Pública Nacional.
La diputada nacional (MC) Margarita Stolbizer denunció al Gobierno nacional por la contratación de una empresa de consultoría que no tiene empleados estables y cuyos socios cumplen tareas en la función pública o comparten negocios con el presidente Mauricio Macri.
Según consta en la presentación que realizó hoy la líder del GEN, y que quedó a cargo del juzgado de Claudio Bonadio, el ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra y el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta contrataron a la consultora Labcom por un monto total de casi cuatro millones de pesos durante 2016-2017, sin tener en cuenta que sus socios estaban vinculados al Gobierno.
Labcom se constituyó el 16 de febrero de 2012 pero recién se inscribió como proveedora del Estado el 12 de agosto de 2016, casi un mes antes de presentarse para competir por el primer contrato que se le otorgó.
En su denuncia, Stolbizer detalla quiénes son los socios de la firma y por qué resultaría incompatible con la función pública la contratación de su empresa.
El socio principal de Labcom es Luciano Elizalde Acevedo, un hombre conocido en el mundo de la comunicación, investigador del CONICET y decano de la Universidad Austral.
Elizalde Acevedo es, además, dueño de un campo en Salta en condominio con su familia pero también con Macri. “Se trata de la Finca Pluma de Pato, en la localidad de Coronel Sola, departamento de Rivadavia, de la Provincia de Salta. El Presidente Macri adquirió estas hectáreas (el 18,69%) como dación de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en mayo de 2015”, indica la denuncia.
Consultados por TN.com.ar sobre este punto, desde la empresa señalaron que el campo se compró en 2006 y que “fue un negocio de inversión familiar realizado con su padre y sus hermanos. No tenía, no tuvo, ni tiene relación directa con el presidente Macri. El Presidente no conoce a nadie de la familia porque, directamente, no existe relación con ellos”.
Los otros dos socios son Juan Pablo Peredo, director de Nación Fideicomiso entre el 23 de diciembre de 2015 y mediados de 2017, y Alejandro Alonso, empleado del ministerio de Justicia.
Sobre el primero, la empresa aclaró que “la Oficina Anticorrupción (OA) encontró que la función de Director (en Nación Fideicomiso) era compatible con su cargo de socio gerente de LABCOM S.A. y produjo un dictamen a favor de la falta de incompatibilidad”.
En el caso de Alonso, en tanto, señalaron que renunció a sus acciones el 5 de enero de 2016, es decir previo a la contratación del ministerio de Modernización.
Sin embargo, en las actas de asamblea solicitadas por Stolbizer a la Inspección General de Justicia (IGJ), Alonso figura en el listado de accionistas de la asamblea del 17 de julio de 2017.