El ex jefe del grupo de tareas de la ESMA junto a otros represores célebres cumplen con el requisito de recibir domiciliaria, según el Servicio Penitenciario Federal, que depende de Garavano.
Pese a estar condenado a prisión perpetua por genocida, “El Tigre” Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, podría recibir prisión domiciliaria, se supo hoy.
En total, 96 condenados por delitos de lesa humanidad, como Acosta y Julio “el Turco Julián” Simón, uno de los integrantes del “Clan Puccio”, figuran entre esos presos “sugeridos” por el Gobierno para que salgan de prisión bajo “libertad condicional” o “prisión domiciliaria” con tobillera electrónica, informó el portal de noticias Infobae.
También se encuentran en esa condición los represores de la ESMA Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda (tío y apropiador de la diputada nacional Victoria Donda), el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, todos condenados a prisión perpetua, según un listado de 1.111 detenidos que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le envió a fines de enero a jueces penales para que analicen si les otorgan ese beneficio.
Son ocho listados con distintas categorías de detenidos en el sistema federal: “internos de lesa humanidad mayores de 70 años”, “internos comunes mayores de 70 años”, “nómina de internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexual, transgénero e intersexuales (LGBTI)”, “discapacitados”, “internas alojadas con hijos de hasta 10 años”, “alojadas con hijos”, “internas embarazadas” e “internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional”.
El 31 de enero pasado, el director general del Régimen Correccional del SPF, Fernando Martínez, le envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos e integrado por magistrados, fiscales, organismos del estado de derechos humanos, la nota junto con los ocho listados.
La nota explicaba que en diciembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia le había pedido al Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano y de quien depende el SPF, que diera una solución a la situación en las cárceles.
Así, el SPF le informó a jueces, a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y al propio Ministerio de Justicia sobre el “Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control (tobillera electrónica)” y “los internos que podrían ser incorporados a prima facie al citado Protocolo”.