Un operador financiero, medio hermano del ex presidente Sanguinetti, está implicado en la investigación en el principado europeo.

Un medio hermano del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti quedó detenido y procesado en Andorra por ser considerado un eslabón clave en la trama de sobornos que montó la constructora brasileña Odebrecht a través de sociedades “offshore” en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en Argentina.

La jueza Canòlic Mingorance envió a prisión al operador financiero Andrés Sanguinetti tras concluir que existen pruebas suficientes para considerarlo protagonista de la multimillonaria maniobra de coimas y lavado de dinero de Odebrecht que pasó por el Banco Privado de Andorra (BPA).

La magistrada ya mantuvo un primer contacto con colegas argentinos, según revela hoy el diario La Nación, a quienes les informó que existe en el principado europeo documentación vinculada a ilícitos cometidos en negocios en Argentina -donde la investigación abarca ya a más de 30 acusados-, la que debe ser solicitada vía exhorto.

Conocido como “Betingo”, Sanguinetti negó los cargos y aceptó su extradición a Andorra poco después de que la jueza ordenara su búsqueda e Interpol lo localizara en Montevideo. De hecho, llegó a Europa y quedó detenido.

Para su abogado, Jorge Barrera, Sanguinetti es ajeno a la operatoria delictiva. “Estaba sujeto a subordinación y tenía a tres jerarcas por encima de su puesto de trabajo”, dijo a la prensa uruguaya, por lo que sostuvo que “no tenía posibilidad de abrir cuentas de clientes y no puede responder por actos en los cuales actuó como subordinado”.

Sin embargo, un ex abogado externo de Odebrecht que es testigo protegido en Madrid, Rodrigo Durán, relató sus encuentros en Barcelona con Sanguinetti y un ejecutivo brasileño, Luiz da Rocha Soares, uno de los máximos responsables de los sobornos que pagó Odebrecht, quien fue condenado en Brasil y donde se acogió al régimen de “delación premiada”.

El capítulo andorrano del “Lava Jato” alcanza a Sanguinetti y a otros 29 acusados, y ganó fuerza cuando el diario El País, de España, reveló que la compañía brasileña pagó más de 200 millones de euros en sobornos a políticos, funcionarios y empresarios de América Latina a través del BPA.

Entre los sobornados, el periódico identificó a ex ministros y un gobernador de Venezuela, figuras de Panamá y Perú y al entonces subsecretario general de la Presidencia argentina, Valentín Díaz Gilligan, que renunció la semana pasada tras conocerse que tuvo una cuenta con 1,2 millones de euros en esa entidad bancaria y no la declaró.

Entre los documentos de la policía andorrana a los que accedió el diario español, sin embargo, también hay un reporte del 11 de abril pasado en el que los investigadores relevan que el consorcio que Odebrecht integró junto a la constructora Iecsa -por entonces de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, Ghella y Comsa desembolsaron al menos 395.000 euros, en negro, a una subcontratista para canalizar sobornos.

El dato surge de las actas secretas del departamento de “compliance” del BPA -es decir, el área a cargo de evaluar las buenas prácticas y detectar maniobras ilícitas dentro del banco-, en las que consta un llamativo pedido que remitió Sanguinetti desde Montevideo.

Representante del BPA en Uruguay entre 2006 y 2015, Sanguinetti pidió la venia del banco para pagar con dinero negro a una firma vinculada al proyecto para soterrar el tren Sarmiento.

“Se solicita autorización para ejecutar una operación triangular, en la que participan Lion’s Soul y Carday, para pagar a una subcontratista en B”, planteó el 22 de julio de 2011.