La investigación se concentró en una empresa a cargo de la recolección de residuos en las zonas sur y este de San Pablo.
La Policía Federal brasileña acusó hoy al actual jefe de inteligencia argentino, Gustavo Arribas, de cobrar 850.000 dólares en coimas como parte de un esquema de lavado, sociedades “pantalla” y transferencias offshore que desbarató en San Pablo y Minas Gerais.
Agentes federales llevan adelante 15 allanamientos en viviendas y empresas en las cidades de São Paulo (9), Santos (1), Paulínia (1), Belo Horizonte (2) y Lamin (2).
Identificada como la “Operaçao Descarte”, dentro de la más amplia conocida como “Lava Jato”, la investigación se concentró en la empresa a cargo de la recolección de residuos en las zonas sur y este de San Pablo, “Consorcio Soma”, que recurrió a una operatoria de facturas truchas para generar fondos negros y transferir dinero a los destinatarios finales.
Como parte de esa operatoria, los investigadores brasileños detectaron giros que habrían sido dirigidos a Arribas, según confirmó el delegado de la Policía Federal, Víctor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, al brindar detalles sobre los operativos desarrollados en distintos puntos de Brasil.
“En el curso de las investigaciones, [detectamos] una única remesa de valores al exterior por valor de 850.000 dólares. Ese dinero salió de Brasil, pasó por una cuenta en Hong Kong y fue a parar a Argentina, en una cuenta ligada al director de inteligencia de aquel país”, precisó Rodrigues.
La PF identificó a Alberto Youssef y a Leonardo Meirelles como los “doleiros” -“cueveros”-, que participaron en las transferencias de dinero e indicó que ambos “confirmaron que hicieron esa transacción”.
Tanto Youssef como Meirelles fueron condenados a prisión por el juez federal de Curitiba a cargo de la megainvestigación del “Lava Jato”, Sergio Moro, para luego convertirse en “delatores premiados” y aportar información clave a cambio de una reducción en sus condenas.
Como parte de su colaboración con la Justicia brasileña, Meirelles aportó copias de más de 4000 transferencias bancarias clandestinas que desarrolló a pedido de la constructora Odebrecht y otras empresas involucradas en el “Lava Jato”. Entre esas operaciones hay varias a favor de Arribas, tal como publicó el diario La Nación en enero de 2017.
Arribas negó ante la Justicia argentina haber recibido varias transferencias y cualquier relación con el “Lava Jato”. Sólo admitió haber recibido una sola transferencia, en 2013, que adjudicó a la venta de muebles de un departamento, operación que se completó en 2015.
La Justicia local fue sobreseído en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal, aunque el caso se encuentra en apelación.