El diputado socialista Mario Bravo fue quien impulsó el debate por el voto femenino con su proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación en 1928. Luego, en 1932, Alfredo Palacios pudo lograr media sanción en la Cámara baja. Hoy, luchamos por la paridad de género en las listas de los partidos políticos.
Mientras las mujeres representamos el 51% de la composición del electorado y la ley contempla una participación mínima del 30%, en términos reales la participación de las mujeres en la política se ve reducida.
De esta manera, la paridad de género promueve el desarrollo de nuestra democracia y la fortalece.
Desde el espacio que el Socialismo comparte con las fuerzas políticas que conforman el frente Progresistas, seguimos luchando para que la igualdad de género no quede en lo discursivo y sea un hecho. Si bien hemos conquistado terreno, nos falta mucho camino aún por recorrer.
El artículo 37° de la Constitución Nacional contempla “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios”. Asimismo, la Ley Nacional de cupo 24.012 considera que los partidos políticos “deberán tener mujeres en un mínimo de 30% de los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas”.
Pero estos cambios que han permitido la participación femenina en la política, al interior de los partidos devienen en estrategias y vericuetos en beneficio de los hombres de la política. En ocasiones, sólo a través de litigios judiciales las mujeres podemos acceder al lugar que nos corresponde y por el cual el electorado nos ha designado como representantes.
En otros casos, las mujeres se ven sometidas a los designios partidarios patriarcales, operando ficticiamente para la oficialización de la lista. Es por esto que la paridad de género implica un cambio cultural y político sustantivo que mejoraría notablemente la democracia.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) estima, en un reciente informe, que el porcentaje de mujeres designadas como autoridades superiores por Presidencia de 1983 a 2016 ha reflejado una curva creciente, no suficiente.
Y si creemos que en el Gobierno anterior, por tratarse de una Jefa de Estado, la igualdad de género y el acceso a los cargos jerárquicos pudo equipararse, pues caemos en un error, casi no ha variado la proporción de mujeres en puestos clave entre la gestión anterior y la actual.
Según un informe del 2015 de la ONU Mujeres para la igualdad de género, la representación femenina en el Parlamento en América Latina es baja, implica un 22% en diez años esa representación sólo se ha incrementado poco más del 10%. Dentro de los países latinoamericanos con mayor representación parlamentaria Cuba encabeza la lista con el 48,9%, Argentina se posiciona a mitad de camino con un 36,6%, y Brasil al final de la lista con el 8,6%. El cambio del sistema electoral permitiría posicionarnos como referentes en términos de política de género y representación.
Es necesaria una participación igualitaria de hombres y mujeres, en todos los niveles del Estado y organismos de representación. A lo largo de estos 35 años de democracia hemos demostrado que en los momentos difíciles y en las cuestiones sustantivas las mujeres hemos estado presentes.
Tenemos que aprovechar esta oportunidad, donde los consensos son necesarios para la reforma del sistema electoral.
* Diputada nacional del Partido Socialista de Santa Fe