Lo hacen en solidaridad con la dirigente jujeña que esta semana comenzó una medida similar en repudio a una decisión para asilarla por \”inconducta\” durante diez días.
Tres detenidas que se encuentran junto a la dirigente social Milagro Sala en el penal jujeño de Alto Comedero iniciaron hoy una huelga de hambre en solidaridad con la líder de la Tupac Amaru, que esta semana comenzó una medida similar en repudio a una decisión para asilarla por “inconducta” durante diez días.
Se trata de Patricia Cabana, Gladys Díaz y de Mirta Aizama, imputadas en distintas causas abiertas por irregularidades en los fondos para la construcción de viviendas que administraba la organización Tupac Amaru, según informaron sus voceros.
Ayer, desde la cuenta de twitter de la organización se conoció la información que decía: “Por orden de Morales incomunican y prohíben visitas a Milagro Sala sin dar a conocer razones, por lo tanto le niegan derecho a defensa” y otro que agregaba que la decisión era “en repudio a la decisión arbitraria y en reclamo de sus derechos”.
Si bien los abogados de Sala no fueron notificados, ayer el diario jujeño El Tribuno informó que el jefe del Servicio Penitenciario Provincial, Víctor Carlos Morales, dijo que la medida consistía en un “aislamiento” de diez días por “inconducta”.
El funcionario declaró que Sala permanecerá durante ese lapso “sola en una celda con todas las comodidades que le corresponden a una interna” y sólo podrá “recibir la visita de los familiares directos” pero “está privada de las visitas multitudinarias que solía recibir”.
Según informó a Télam su hija Claudia, la dirigente comenzó con una medida de fuerza consistente en no comer ni tomar medicamentos “hasta que se levante la medida, porque le quieren restringir la visita” a sólo familiares y a los “viernes y jueves una hora, y no acepta esto, va a seguir con esta medida hasta que levanten la sanción”.
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero último acusada de “instigación” en una protesta de cooperativistas de vivienda frente a la casa de gobierno de Jujuy y, aunque en esa causa fue excarcelada, nunca recuperó la libertad. Sala, además, está imputada por fraude a la administración pública y asociación ilícita para desviar fondos destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy, por intermedio de las cooperativas que formaban parte de la Red de Organizaciones Sociales impulsada por la Tupac.