En allanamientos ordenados por un juez federal, se hallaron empresas fantasmas que se atribuyen a Héctor Barreiro.

La justicia federal allanó en Rosario nueve sedes de empresas que estarían vinculadas a Héctor Barreiro, conocido como el “ex jardinero” de la familia Kirchner- y a su hijo Pablo.

Se investiga a los dos por haber creado supuestamente un conglomerado de sociedades para lavar dinero a través de exportaciones de frutas que no existieron.

Además, las nueve sedes son inexistentes, según una investigación del diario La Nación.

Gendarmería confirmó durante los allanamientos que en esos domicilios no funcionan las firmas exportadoras Comercializadora de Cuyo, Finca Los Aromos ni Indufrut.

Sólo había casas humildes, en el barrio Las Flores, de Rosario, y en Villa Gobernador Gálvez, como reveló el matutino.

Los gendarmes se toparon con quienes aparecen como “prestanombres” en esas firmas, entre ellos un albañil que se presentó ante la Justicia y dijo haber sido engañado para que firmara.

Los allanamientos se hicieron por orden del juez federal Nº 3, Carlos Vera Barros, e incluyeron también el estudio contable y la casa de la contadora Mariana Scacchi, donde se encontró documentación sobre la constitución de estas firmas fantasma.

Ahora el magistrado espera que el fiscal federal Mario Gambacorta pida la indagatoria de los once imputados en un expediente que de golpe tomó impulso.

Lo que se pretende desentrañar es para qué se crearon estas pantallas y si sus ramificaciones llegan a Los Monos, banda que ya está siendo investigada por lavado de dinero desde octubre pasado.

La investigación se inició el 18 de mayo pasado, cuando los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, al mando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), presentaron una denuncia por supuesto lavado en el juzgado de Vera Barros, tras recibir indicios de que se había montado una entramado de empresas para blanquear fondos.

Los datos surgieron de las áreas de investigaciones contra el Narcotráfico y Control Aduanero de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Fiscal (UIF).

Según la denuncia de la Procelac, Barreiro podría encontrarse detrás de “un grupo familiar de personas jóvenes y sin antecedentes comerciales, con un perfil económico que no justificaría los montos de esas operatorias”.