Un juez porteño tomó la medida sobre la UTE que explota los tragamonedas del predio de Palermo para garantizar a la Ciudad el cobro de impuestos.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Martín Converset decretó la inhibición general de bienes de las empresas que se unieron durante el kirchnerismo para explotar las máquinas tragamonedas de Palermo y de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada a tal efecto.
Se trata de Hipódromo Argentino de Palermo S.A. (HAPSA) y Casino Club S.A., al menos hasta la semana pasada propiedad en parte del patagónico Cristóbal López, quien dijo que se retiraría del negocio del juego.
La medida fue solicitada por el Gobierno porteño, con intervención de la Procuración General de la Ciudad, y tiene como objetivo garantizar el cobro de casi dos millones de pesos reclamados por el impuesto sobre los ingresos brutos de los últimos cinco años que HAPSA logró evitar pagar a través de una medida cautelar de la Justicia federal.
Converset citó jurisprudencia del Tribunal Superior de la Ciudad y de la Corte Suprema nacional para reivindicar la facultad de la Ciudad para cobrar estos impuestos, además de la Constitución Nacional y la de la Ciudad.