Parece que el gobierno se ha propuesto terminar con las peores noticias y decidió anunciar un paquete de medidas de relevancia: modificación en el impuesto a los bienes personales, blanqueo de capitales y el pago de los juicios previsionales. Tal vez estos últimos son los que más interesan a la clase media.
El impuesto a los Bienes Personales es un tributo que apenas recauda el 0,38 por ciento del producto bruto interno. Si bien es insignificante en términos de recaudación, no lo es tanto para la clase media: cualquier ciudadano que había, con esfuerzo, logrado adquirir un automotor de gama media o un pequeño inmueble de no más de 35 metros cuadrados, y gracias a un mínimo no imponible de apenas 305.000 pesos, tributaba el impuesto como si fuese un gran terrateniente. Un delirio impositivo que puso durante años de muy mal humor a la clase media argentina.
El blanqueo de capitales tendrá varias aristas que dependerán de los bienes que se posean fuera del circuito legal. Si bien el proyecto deberá transitar por el Congreso de la Nación y podría sufrir modificaciones, la propuesta inicial es la siguiente: hasta 25.000 dólares o su equivalente en pesos el blanqueo será gratuito. Entre 25.000 y 80.000 dólares la tasa que habrá que abonar será del 5 por ciento. Y a partir de allí, si lo blanquean hasta el 31 de diciembre de este año tendrán que pagar un 10 por ciento.
Quién lo haga a partir de allí y hasta marzo de 2017 abonará una tasa del 15 por ciento. El éxito o no de esta medida tendrá que juzgarse mientras transcurra el tiempo ya que nadie sabe a ciencia cierta cuales son los montos que se encuentran fuera del circuito. Se calcula que rondan los 230.000 millones de dólares, aunque nadie puede decir con exactitud cómo se compone esta cifra. En cuanto al resultado esperado, las voces oficiales no se animan a esgrimir ningún vaticinio aunque estiman que los montos que volverán a la legalidad rondarán los 60.000 millones de dólares.
Los blanqueos de capitales fueron exitosos en muchos países (incluso con tasas más bajas que las que va a ofrecer Argentina para sus contribuyentes evasores), y más allá de la inequidad que pueda existir para con quienes siempre abonaron sus impuestos, pocas e ineficaces son las herramientas de las que dispone el Estado para cobrar compulsivamente los impuestos evadidos, o más bien para encontrar los activos no declarados. Casi como un consuelo se puede asegurar que es un buen mecanismo para incorporar dinero al circuito formal que de otra manera estaría perdido.
Las diferencias más relevantes entre la actual exteriorización de activos planteada con las existentes anteriormente (por ejemplo la recordada por los títulos Cedines que data de hace un par de años atrás) son dos: una de ellas es que varias decenas de países hoy considerados paraísos fiscales van camino en el corto plazo a estar dispuestos a aportar datos a quien se los pida, en virtud de salir de la clasificación oscura que llevan a cuestas. La otra razón es que hoy el nivel de confianza del mercado es marcadamente superior al que existía cuando se lanzaron planes anteriores. La gente confía en que no inmovilizarán sus activos ni que se le pondrán trabas para sacarlos nuevamente del país dentro de un tiempo, por lo que hoy resulta mucho más tentador declarar los activos. De igual manera habrá que esperar para declarar la victoria ya que muchos también creen que donde guardan sus dólares hoy, será también el mejor lugar para seguir guardándolos mañana.
El punto más relevante surge de la decisión de pagar las diferencias de los haberes a los jubilados. Se puede simplificar diciendo que hoy existen tres grandes grupos de jubilados con diferencias en sus haberes: 40.000 que tienen sentencia firme de la Corte y a quienes se les pagaría (cuotas mediante) el total de la sentencia; 300.000 jubilados que tienen juicio en trámite que se les abonaría contemplando una quita en el retroactivo adeudado; y, por último, cerca de 1.800.000 que no han iniciado juicio, a quienes se les ofrecería ajustarles en lo inmediato su haber jubilatorio (en hasta un 45 por ciento) a cambio de desistir de realizar en el futuro cualquier tipo de reclamo por retroactivos no liquidados.
Se calcula que las arcas del Estado deberán aportar unos 100.000 millones de pesos para el primer año y luego unos 75.000 millones anuales para poder abonar regularmente a los pasivos, según lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los jubilados tienen la particularidad de que, en su mayoría, gran parte de su ingreso lo destinan al consumo. Las explicaciones son varias pero entre ellas se encuentran lo bajo de los haberes jubilatorios, que no les da margen para realizar otro tipo de maniobras que no sean las dedicadas al consumo puro; y por el otro, que por su propia edad avanzada los pensamientos no están puestos en el ahorro o en algún tipo de inversión. Esto significa que gran parte de estos miles de millones de pesos se volcarán directamente en la economía, lo que debería producir una fuerte reactivación en el consumo interno. Si bien es cierto que una parte (de no modificarse la ley) se retendrá en concepto de impuesto a las ganancias, la reactivación del consumo que generaría volverá también a las arcas del Estado en forma de impuesto, aún así logrará generar miles de puestos de trabajo, crecimiento en el consumo y seguramente confianza en todos los rincones de la economía.
Los fondos para sostener esta fuerte decisión del gobierno de Mauricio Macri (solo con decir que el dinero necesario para pagar las sentencias es casi idéntico al recuperado por la quita de subsidios a los servicios públicos y el transporte) tendrán su origen en dos lugares: El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses (básicamente compuesto por todos los títulos públicos, acciones, plazos fijos y otras inversiones heredadas de las viejas AFJP y con un valor de unos 750.000 millones de pesos) y, por otro lado, de lo que ingrese a las arcas del Estado a través del blanqueo de capitales.
Se trata de una apuesta fuerte en materia de medidas económicas para el equipo económico, que es consciente de que poco a poco se aproxima el segundo semestre en el que tantas expectativas ha volcado. Esperemos que este sea el comienzo de una nueva etapa donde veamos nuevamente crecer los niveles de empleo, los niveles de consumo y los niveles de inversión, renovando las esperanzas en que Argentina será un país con cada vez más oportunidades para todos.
* Analista económico y docente universitario