Lo dijo un referente del FIT por el traspaso de la Ciudad a la Nación del predio de la ex ESMA y otros centros de detención de la dictadura.

El diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda, el mendocino Nicolás del Caño, denunció un acuerdo entre el gobierno porteño y el nacional y expresó su rechazo al traspaso de los centros clandestinos de detención de la dictadura de la Ciudad de Buenos Aires a la órbita de la Nación.

Del Caño denunció que “este acuerdo es un pacto entre el PRO y el gobierno nacional. Y no nos pueden venir a decir desde el oficialismo que un pacto con la derecha macrista es un avance en la memoria, la verdad y la justicia. Este pacto incluye negociados inmobiliarios en la Ciudad, y hasta la entrega de parte de los pocos espacios públicos que quedan a cadenas de comidas rápidas. Un pacto que, por donde se lo mire, de progresista no tiene nada: es totalmente reaccionario”.

Dijo, además, que “el convenio que acá se quiere ratificar implica que el Poder Ejecutivo tendrá plenos poderes sobre estos sitios emblemáticos donde pasaron miles de compañeras y compañeros detenidos desaparecidos por treinta años, es decir hasta el año 2044. De ahora en más, el presidente de turno, tendrá las manos libres para hacer con estos sitios lo que le convenga políticamente”.

En la sesión -en la que participaron integrantes de organismos de derechos humanos independientes del Gobierno nacional expresando también su rechazo a este proyecto-, Del Caño remarcó que “ya este gobierno nacional, aún antes de la firma de este pacto con el macrismo, convirtió a sitios como la ESMA en una suerte de gran unidad básica donde se realizan todo tipo de eventos sólo para los que comulguen con el kirchnerismo, un lugar donde los sobrevivientes del genocidio, como los compañeros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, paradójicamente no tienen incidencia alguna en lo que allí se decide”.

“Como han dicho los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: la preservación de la memoria de la lucha contra la dictadura es incompatible con el nombramiento del represor César Milani al frente del Ejército y con la vigencia de la ley anti terrorista y del Proyecto X. Lo es también con la existencia de casi 5.000 procesados por luchar en todo el país”, indicó el legislador de la izquierda al fundamentar su voto en contra.