El pedido de detención del ex fiscal de Estado bonaerense y ex ministro de Justicia del genocida Jorge Rafael Videla generó rechazos en las academias nacionales de Derecho y Ciencias Morales que conviene ubicar en el tiempo.

Por José Luis Cutello

En los últimos días de 2012,la Academia Nacionalde Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires rechazó enfáticamente una orden de detención contra el ex fiscal de Estado bonaerense y ex ministro de Justicia del genocida Jorge Rafael Videla, Alberto Rodríguez Varela, en la llamada “Causa Camps”.

Es que, días antes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 deLa Platahabía condenado a “prisión perpetua” al ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart (primer civil “procesista” alcanzado porla Justicia), al ex director de Investigaciones de la policía Miguel Etchecolatz y a 14 policías y militares por “crímenes de lesa humanidad” en perjuicio de 280 personas durante la última dictadura cívico-militar. En ese marco, también pidió la detención de Rodríguez Varela para juzgarlo.

El presidente del Tribunal, Carlos Rozanski, dictaminó que se analice su participación en la represión ilegal, luego de que el canciller Héctor Timerman y Lidia Papaleo atestiguaran la visita de Rodríguez Varela al centro clandestino Puesto Vasco, donde estaban detenidos los integrantes del “Grupo Graiver”, ex dueños de Papel Prensa.

No obstante, la Academia Nacional de Derecho prefirió subrayar “la trayectoria intachable del doctor Rodríguez Varela en la cátedra, en el foro y en su vida pública y privada, de que dan cuenta numerosas generaciones”.

“Torna inverosímil que haya incurrido en la acción u omisión de conductas que violen o afecten la intangibilidad de la vida, o de los derechos humanos que le son inherentes, por los que aquél en particular, y esta institución, desde su creación hace más de un siglo, velan y defienden”, señaló en un comunicado.

Por su parte,la Academiade Ciencias Morales dijo, al impugnar el pedido de detención, que Rodríguez Varela “ha hecho demostración a lo largo de su vida pública y privada de respeto irrestricto a valores éticos y morales que lo enaltecen”.

Tamaña exaltación no hace sino poner en foco que ambas instituciones han sido dos de los “reductos” en que se cobijaron los integrantes liberales del “partido militar”, a partir de 1983.La Academiade Derecho tuvo como presidente, hasta hace pocos años, a Horacio García Belsunce (padre), quien reivindicó cada vez que pudo el golpe de Estado de septiembre de 1955.

Al padre de la socióloga María Marta, asesinada por su esposo Carlos Carrascosa, le siguió como titular Alberto Rodríguez Galán, inspector general de Justicia de la dictadura de Pedro Aramburu en 1955, ministro de Educación y Justicia del golpe que derrocó a Arturo Frondizi, procurador del Tesoro dela Nacióndel dictador Alejandro Lanusse y conjuez dela Corte Supremade Justicia dela Naciónde Videla.

Además, la integraron el ministro de Educación del ex dictador Juan Onganía, Dardo Pérez Guilhou; el juez dela CorteSuprema“procesista” Pedro Frías; el embajador de Videla enla UNESCO VíctorMassuh; el canciller del dictador Reynaldo Bignone, Juan Aguirre Lanari; y por supuesto Rodríguez Varela, quien también es miembro de la de Ciencias Morales.

En sus programas, estas “academias” rechazan por “inconstitucional” la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, así como toda norma que perjudique a ex miembros de la “dictadura civil” y niegan la vigencia de tratados internacionales como el dela Corte Interamericanade Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica.

Lo más sorprendente es que el comunicado dela Academia Nacionalde Derecho esté firmado por su actual presidente, Gregorio Badeni, prestigioso constitucionalista que suele defender posiciones del “Grupo Clarín” y que es asesor jurídico dela Asociaciónde Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) yla SociedadInteramericanade Prensa (SIP).

Por su parte, el comunicado dela Academia Nacionalde Ciencias Morales está firmado por el constitucionalista Fernando Barrancos y Vedia –hombre ligado a la familia que conduce los destinos del diario “La Nación”- y su presidente Jorge Vanossi, un radical de toda la vida que fue ministro de Justicia de Eduardo Duhalde.

Más allá de los pronunciamientos, no hay que perder de vista que Rodríguez Varela es el abogado defensor de Videla, condenado a varias cadenas perpetuas por delitos aberrantes durante la dictadura cívico-militar. Debemos recordar también que el abogado, de origen ultracatólico, se ubicó en las internas iniciales del “Proceso” en el temible “Grupo La Plata”, que capitaneaba el gobernador Ibérico Saint Jean, secundado por el jefe de la Bonaerense Ramón Camps. En esa entente, también estaba Smart, condenado a “prisión perpetua” en la Causa Camps.

Rodríguez Varela fue tal eficiente en su tarea como Fiscal de Estado en la llamada “lucha antisubversiva” que el propio Videla lo designó, en 1978, ministro de Justicia nacional. Su dogmatismo lo hizo afirmar, cuando se inauguró la hoy demolida cárcel de Caseros, que “la República Argentina pone en evidencia ante el mundo su fidelidad a una tradición política y jurídica”, que se orienta “a la creciente consolidación y garantía de los derechos individuales”. Claro que en ese momento estaba en apogeo la represión clandestina.

Su participación en el núcleo duro de la dictadura quedó evidenciada en dos causas. En 2007, durante el juicio al cura Christian Von Wernich fue acusado por el abogado de la familia Timerman, Alejo Ramos Padilla, de haber participado en interrogatorios a Jacobo Timerman, tras su secuestro el 15 de octubre del 77.

Paradójicamente, una de las pruebas que se utilizó para imputarlo fue el libro de Ramón Camps “Caso Timerman. Punto Final”, donde el represor les agradece la “colaboración en este caso” a él y a Smart. El mismo grupo civil actuó, según las actas en poder del Tribunal Federal Oral Nº 1 de La Plata, en el Caso Graiver.

El hermano de David Graiver, Isidoro, quien fue “chupado” en la misma época que Jacobo Timerman, denunció ante el tribunal que “un abogado que me pareció Rodríguez Varela estaba presente” cuando Camps interrogaba en Puesto Vasco.

La presunción de Isidoro fue ratificada implícitamente por un ex policía condenado por represor. Norberto Cozzani es un ex cabo de la Bonaerense que actuó también en Puesto Vasco. En 1986, la Cámara Federal lo condenó como autor de las torturas sufridas por Isidoro y Juan Graiver, Silvia Fanjul y Lidia Papaleo de Graiver. Hace seis años, Cozzani, desde su celda en la cárcel de Marcos Paz, presentó un escrito a la Justicia en formato de carta pública en la que marcó a estos civiles: “Es posible que hombres de derecho, ilustres, dignos y con participación activa en aquellos años, como por ejemplo los doctores (Roberto) Durrieu, Smart, (Héctor) Munilla Lacasa, Rodríguez Varela, (Edgardo) Frola, (Carlos) Sánchez Herrera… (y siguen las firmas) ni siquiera nos defiendan en las cuestiones civiles, cuando fueron parte de un todo”.

En democracia, Rodríguez Varela se encargó de diseñar la táctica defensiva en el Juicio a las Juntas. Fue quien coordinó con otros abogados plantear la “incompetencia de los tribunales civiles” para juzgar a los militares y pedir, a cambio, la intervención del Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas. Como esa táctica no funcionó, pidió que se excusaran el fiscal de la Cámara Federal Julio Strassera y los tres integrantes de la Sala Uno de la Cámara, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián y Jorge Torlasco por haber sido funcionarios del Poder Judicial durante la dictadura.

Además de defender a Videla, este abogado se refugió en la cátedra de Derecho Político de la UCA, donde dio un curso de historia argentina. Cuando disertó sobre el período 76-83 invitó a Videla, que había sido beneficiado por los indultos de Carlos Menem. Durante la clase, que fue pública, el abogado defendió el golpe de Estado y la necesidad de la represión debido a una situación de supuesta “guerra interna” que vivía el país.

Los más de 50 asistentes a la conferencia aplaudieron al abogado y algunos, incluso, le estrecharon la mano al genocida.